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En una sesión plenaria que se extendió por más de cuatro horas y media en el Concejo de Medellín, en la mañana del 9 de octubre, se aprobó
En una sesión plenaria que se extendió por más de cuatro horas y media en el Concejo de Medellín, en la mañana del 9 de octubre, se aprobó el proyecto de acuerdo 062 de 2025, con el cual, se realizó una importante modificación a la estructura y planteamiento del estatuto del presupuesto de Medellín y las facultades del alcalde para disponer de él.
El proyecto presentado por la administración distrital fue aprobado en segundo debate por una amplia mayoría de 17 votos a favor y tan solo dos en contra. En sus intervenciones finales, los cabildantes de la ciudad señalaron que, tras el estudio técnico del proyecto, consideraron que representa una modernización del estatuto presupuestario de la de la capital de Antioquia, que agilizaría y volvería más eficiente la actuación de la alcaldía en función de las necesidades fiscales del distrito.
El acuerdo fue aprobado tras una votación mayoritaria en el Concejo de Medellín. Foto:Concejo de Medellín.
A pesar del concepto ampliamente favorable de los concejales, hubo algunas voces que cuestionaron si las modificaciones al estatuto presupuestario de Medellín representarían un revestimiento de poder casi ilimitado al alcalde para disponer del dinero de la ciudad de manera ‘desproporcionada’.
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En el proyecto de acuerdo 062 de 2025, la administración distrital planteó modificar los acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997. Estos, en esencia, conformaban puntos clave del estatuto orgánico del presupuesto de la ciudad, en los que, entre otros, se estructuraban los parámetros de la composición del presupuesto.
Con la propuesta presentada por la administración distrital, se pretendía armonizar la normativa de la ciudad con los Decretos 111 de 1996 y 412 de 2018, en los que a nivel nacional se estableció un catálogo único de clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Del mismo modo, la administración tomó como punto de partida la sentencia C-036 de 2023 en la cual se estableció que “los traslados que no impliquen alteraciones en la partida global de gasto se pueden adelantar directamente por el Ejecutivo, pues el traslado correspondiente no implica una modificación de la destinación general del gasto definido”.
Texto del proyecto de acuerdo 062 de 2025. Foto:EL TIEMPO.
En resumidas cuentas, la modificación a los artículos de los acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, pretendía que el presupuesto de la ciudad fuera presentado por grandes rubros: funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. En ese respecto, la secretaría de Hacienda de Medellín argumentó, al inicio de los debates de este proyecto, que la actualización del estatuto permitiría dinamizar y agilizar el reporte de la información presupuestal, además de la capacidad de reacción de la administración ante eventualidades y necesidades de las dependencias de la alcaldía.
Con precisión, el proyecto presentado por la alcaldía planteó modificaciones a los artículos 10, 31, 32, 43 y 48 del acuerdo 52 de 1995 y derogaciones de los artículos 4, 15 y 19 del acuerdo 38 de 1997.
En el texto aprobado por el Concejo de Medellín se estableció que el presupuesto se presentará en los tres grandes rubros planteados previamente, y como documento anexo se presentará el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) donde se desglosará minuciosamente la destinación.
Por otro lado, con esta modificación el alcalde de Medellín no tendrá que acudir al Concejo para solicitar traslados en el presupuesto. Es preciso aclarar que dentro de lo estipulado en el proyecto se estableció que cada tres meses, la alcaldía presentará una suerte de informe ante el Concejo, consignando todas las modificaciones realizadas al presupuesto y la justificación de las mismas. Con este mecanismo se garantiza que la corporación continúe con el control político sobre el presupuesto de la ciudad.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ante el Concejo de la ciudad. Foto:Concejo de Medellín.
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Es precisamente ese punto el que desató cuestionamientos alrededor del proyecto y, naturalmente, fue señalado por los concejales que votaron en contra del mismo, entre ellos el cabildante del Pacto Histórico, José Luis Marín.
Marín aseguró que lo aprobado le da más facultades al alcalde alrededor de la presentación del presupuesto. Según el concejal, el problema con la facultad de traslado que se le otorgó al mandatario de la ciudad, es precisamente que el proyecto de presupuesto no esté desagregado en la clasificación que estuvo vigente hasta la aprobación del proyecto.
“Secciones, órganos, unidad ejecutora, programas, subprogramas, proyectos, tareas y obras. Cuando el alcalde presentaba el presupuesto, antes tenían que detallar el presupuesto en esas instancias, eso nos servía para hacer control político”, explicó Marín.
José Luis Marín, concejal del Pacto Histórico. Foto:Concejo de Medellín.
El concejal de oposición a la administración distrital señaló que esta aprobación le quita capacidad de análisis en voto programático a la ciudadanía, puesto que ahora no se conocerá el desagregado del programa en función del presupuesto requerido para tales proyectos. “No vamos a poder evidenciar qué elementos están asociados o no al Plan de Desarrollo; esto le da aún más facultades y poderes al alcalde”.
Además, Marín criticó el proyecto porque indicó que faculta al alcalde para saltarse a los entes de control; del mismo modo, según el cabildante, el proyecto ignora la figura constitucional preexistente para realizar traslados de manera eventual: la urgencia manifiesta.
Otra voz en contra de este proyecto fue el exconcejal Daniel Duque, quien desde su óptica, hoy como docente de la universidad Eafit, analizó esta modificación.
Duque calificó el proyecto como “desastroso”, y argumentó, tal como el concejal Marín, que le preocupa que el documento se preste para que el presupuesto general que se presente de ahora en adelante no tendrá que ser desglosado por proyectos y programas, sino que se limitará a generalidades.
El exconcejal también señaló al Concejo por “quitarse una herramienta de control político”. En palabras de Duque: “El Concejo dio vía libre para que la alcaldía no diga en qué se va a gastar la plata y haga traslados presupuestales sin consultar”.
Daniel Duque Velásquez, exconcejal de Medellín y docente de la universidad Eafit. Foto:Redes sociales.
Por el lado de las voces a favor del proyecto, el concejal Andrés Tobón, del movimiento político Creemos, se refirió a lo señalado por el concejal Marín, tal como lo realizó durante el debate que se llevó a cabo en la mañana del jueves.
El cabildante inició enfatizando que de ninguna manera se están entregando libertades que permitan que la alcaldía modifique el presupuesto de manera irresponsable o que pueda llegar a violar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
“En los últimos 30 años, los alcaldes por condiciones normativas pueden hacer modificaciones a los montos globales, que por norma jamás pueden superar el 10 por ciento, de hecho, Medellín jamás ha pasado del siete por ciento”, explicó Tobón.
El concejal de Creemos argumentó que: “Hay elementos que hacen parte de la gestión pública, uno de ellos son las eficiencias, si se logran eficiencias en el presupuesto inicial y está sobrando recurso, no tiene sentido que después de ejecución presupuestal se tenga que esperar a que acabe el año para incorporarlo en el presupuesto del año siguiente o tener que ir al concejo si lo que se está haciendo es simplemente determinar eficiencias”.
En cuanto al tema de la figura de la urgencia manifiesta, el concejal explicó que esta está diseñada para imprevistos de absoluta emergencia, y no para que cada vez que se necesite un traslado se acuda a ella, porque, según Tobón, entonces se tendría que declarar urgencia manifiesta con una frecuencia desproporcionada.
Por otro lado, con respecto a lo dicho por el exconcejal Duque, Tobón señaló: “No se está renunciando a competencias, la constitución es muy clara y el Estatuto Orgánico de Presupuesto también, en esa línea, tenemos también dos sentencias constitucionales y un concepto del Concejo de Estado, que establecen que las únicas prohibiciones en materia de traslados presupuestales están dadas entre rubros globales, que pase de deuda a funcionamiento, de funcionamiento a inversión o en cualquiera de las combinaciones posibles, al interior de cada rubro no hay ningún problema siempre y cuando obedezca a una lógica concreta de planeación que es lo que aprobamos”.
Andrés Tobón Villada, concejal del movimiento Creemos. Foto:Concejo de Medellín.
El concejal del movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez recordó que, con la aprobación del proyecto: “Cada tres meses la alcaldía debe presentar todas las modificaciones que se hagan dentro de cada uno de los rubros, en el caso de que se realicen. La secretaría de Hacienda debe informar al Concejo los movimientos y la justificación técnica de los mismos, con esto se garantiza el control político”.
Este diario también habló con Piedad Patricia Restrepo, que dejó la vocería de la veeduría ciudadana Todos por Medellín hace unas semanas tras cinco años en el cargo.
Restrepo afirmó que, en esencia, el acuerdo aprobado por el Concejo busca homologar la presentación de los rubros de ingresos y gastos con las directrices nacionales. Esto, para que tanto el Gobierno Nacional como el territorial avancen en la consolidación de un presupuesto por resultados, en el que “Medellín tiene una trayectoria mayor”.
La exvocera de Todos por Medellín explicó que este busca un mayor impacto de la gestión fiscal, “permitiendo que los recursos de inversión sí lleguen a la ciudadanía a través de bienes y servicios que atiendan sus necesidades”. Además, calificó al acuerdo como uno que “va en la dirección correcta”, y afirmó que es “indispensable no solo que el distrito avance en ello, sino que todos los entes territoriales en el país lo hagan a la mayor brevedad”.
Piedad Patricia Restrepo, exvocera de la veeduría Todos por Medellín. Foto:Cortesía.
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EL TIEMPO se remitió a ‘la fuente’ y consultó al secretario General de Medellín, Sebastián Gómez Sánchez, quien entró en detalles con respecto al alcance del proyecto y despejó los cuestionamientos realizados al mismo: “No es cierto que los concejales no van a poder debatir la forma en que se ejecute y apruebe. Vamos a radicar el presupuesto con los tres grandes rubros y se les anexa el POAI. Este está completamente atado al Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo. Allí se discrimina al máximo nivel la inversión, que es el rubro más importante. El Concejo podrá debatir, preguntar y sugerir antes de emitir voto aprobatorio”.
Gómez explicó: “El Concejo aprueba los montos globales, para que en caso de que tengamos necesidades en 2026, podamos hacer los traslados, que por ley y jurisprudencia los puede hacer el Ejecutivo; un alcalde tiene la competencia de hacer traslados internos dentro de los grandes rubros. Una vez el alcalde emita la liquidación del presupuesto, los traslados de recursos que se hagan serán excepcionales y motivados”.
El secretario General de la ciudad aclaró: «El alcalde no podrá cambiar todo lo que se establece en el POAI porque eso viola el principio de planeación. Sin embargo, es ilógico que en la medida que surja una necesidad el alcalde tenga que ir al Concejo cada vez que se deba hacer un cambio, habría que ir 600 veces al Concejo; hace muy ineficiente la administración».
Sebastián Gómez Sánchez, secretario General de Medellín. Foto:Concejo de Medellín.
Henry Amorocho Moreno, el profesor universitario y consultor privado en temas de hacienda pública y presupuesto consultado por la administración distrital para ofrecer su concepto del proyecto, le explicó a EL TIEMPO que el estatuto de Medellín tenía una desactualización de 30 años, factor que no le dejaba al municipio aprovechar la evolución de las normas emitidas después del año 1996.
De hecho, Amorocho relató un poco del proceso de estudio que adelantó: “Se hizo revisión de sentencias de tribunales territoriales como el de Boyacá y el de Bolívar, para hacer un compendio sistemático, que incluyera lo nacional con el Consejo de Estado y lo territorial. Tras dicha revisión se determinó que los traslados internos son de tipo operativo y no presupuestales, y que únicamente son competencia de la administración”.
En cuanto a los señalamientos de que este proyecto le otorgaría facultades desproporcionadas al alcalde de Medellín para disponer del presupuesto, el experto aclaró: “Las competencias están tan claras en la norma que un señalamiento de estos es básicamente un juicio de valor que no va con el contenido normativo y jurídico con el cual quedó todo atenido a la norma. No se le está dando más competencias al ejecutivo, esto ya estaba desde el año 1995″.
Henry Amorocho Moreno, profesor y consultor en temas de hacienda pública y presupuesto. Foto:Cortesía.
Amorocho concluyó expresando: “El municipio queda bien. Está en consonancia total con lo que dice la ley”.
El pasado viernes 10 de octubre, tras la aprobación del proyecto 062 de 2025, EL TIEMPO conoció en exclusiva el proyecto de presupuesto radicado por la Alcaldía de Medellín ante el Concejo de la ciudad. Para 2026, la administración distrital proyectó un presupuesto preliminar de 11,67 billones de pesos, un aumento del 9.6 por ciento con respecto a la vigencia actual.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE | Periodista de Nación, en Medellín.
ESTEBAN MEJÍA SERRANO | Periodista de la Escuela de Periodismo Multimedia.
Policía explica caso de mexicano muerto en Antioquia. Foto:
