Un ambicioso proyecto que se encuentra en marcha en la Secretaría de la Cámara de Representantes tiene como objetivo la implementación de límites unificados y excepciones a la IPU. Este esfuerzo se basa en principios de progresividad y eficiencia, buscando mitigar los impactos económicos que las actualizaciones catastrales pueden tener en los contribuyentes.

La iniciativa, impulsada por el Congreso a través de la figura de Alexandra Vásquez, recibe un respaldo notable de representantes de diversos partidos, incluyendo los liberales, conservadores y verdes. El pacto histórico también ha manifestado su apoyo, lo que indica un amplio consenso en la necesidad de discutir y avanzar en este proyecto dentro del marco legislativo.

¿Cuál es el propósito de este proyecto?

El propósito fundamental de esta iniciativa es evitar que las personas sufran un aumento en el Valor de la transferencia de activos como resultado de la actualización del valor oficial de su propiedad, que se enmarca en el contexto de la actualización catastral de los contribuyentes.

La congresista Vásquez ha expresado: «Proponemos la implementación de tasas diferenciales y progresivas, así como la suspensión de correcciones catastrales que no sean adecuadas». Además, ha compartido que en las próximas semanas se llevará a cabo una estimación para un proceso catastral masivo, que abarcará aproximadamente el 44.5% del territorio colombiano, lo que impactará a una gran cantidad de contribuyentes en 282 municipios hasta el año 2026.

Ante esta situación, el congresista Vásquez ha solicitado al Congreso que se dé prioridad a este asunto en los debates en comisiones y sesiones plenarias, argumentando que «la aprobación de este proyecto es urgente», ya que el próximo año se tendrá que enfrentar una crisis catastral derivada de estas evaluaciones en curso, y es imperativo que el gobierno nacional actúe para garantizar que estos proyectos beneficien a las comunidades afectadas.

Puntos clave del proyecto

Entre los aspectos más destacados del proyecto está la propuesta de dotar a los notarios públicos y al registro de más herramientas, ya que se busca asignar una suspensión temporal de la actualización catastral en aquellos casos que hayan sido determinados para ofrecer una gestión pública eficaz en la gobernanza catastral.

La congresista ha subrayado que «es esencial que esta legislación esté orientada a mitigar el impacto financiero en los ciudadanos, especialmente considerando que el incremento en el valor de los bienes raíces estará relacionado con las actualizaciones del proceso catastral y podría causar un retraso en la calificación catastral.»

Este desarrollo legislativo representa una apertura hacia la modernización de la gestión catastral y una oportunidad crucial para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

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Estefanía Mayoorga Rincón