Claudia MO, Kwok Ka-Ki, Jeremy Tam y Gary Fan fueron los primeros en recuperar la libertad.

Este martes 29 de abril de 2025, marca un hito significativo para la política en Hong Kong, ya que cuatro ex oponentes al gobierno que habían sido condenados en el proceso judicial más notable relacionado con activistas bajo la Ley de Seguridad Nacional, finalmente recuperaron su libertad. Estos individuos son los primeros en ser liberados entre los 45 acusados que enfrentaron cargos tras un histórico voto primario no oficial realizado en 2020, cuyo objetivo era obtener una mayoría en el proceso legislativo.

Las autoridades utilizaron una controvertida ley de seguridad nacional impuesta por Beijing para acusar a un grupo de 47 personas, en su mayoría figuras prominentes del movimiento prodemocracia de Hong Kong. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación entre Hong Kong y el gobierno central chino, lo que llevó a una creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en la región.

De acuerdo con la policía, la ex legisladora Claudia Mo, quien tiene 68 años, salió de la Institución Correccional de Lo Wu poco antes del amanecer el martes, una vez que cumplió con su condena. Junto a ella, otros tres acusados, Kwok Ka-Ki, Jeremy Tam y Gary Fan, también terminaron sus sentencias y abandonaron casi simultáneamente las instituciones penitenciarias de Stanley y Shek Pik, en Hong Kong. Este momento fue recibido con emociones encontradas, ya que muchos de sus seguidores celebraron su retorno a la libertad.

Los cuatro activistas, que habían estado bajo arresto desde marzo de 2021, fueron sentenciados en noviembre pasado a penas que se consideraron relativamente leves, dado el contexto político en el que se encontraban. Los cuatro años y dos meses de prisión que recibieron fueron la sanción más baja entre todos los acusados. Su liberación fue posible gracias al tiempo que ya habían pasado en custodia antes del juicio, lo que disminuyó sus sentencias totales. Sin embargo, estas sanciones fueron objeto de críticas no solo por parte de otras naciones, sino también de organizaciones internacionales de derechos humanos que denunciaron el uso del sistema legal como un medio para suprimir la disidencia.

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