El Fondo Monetario Internacional (FMI) está esperando la publicación del marco fiscal secundario que proviene de la consulta del artículo IV. Este proceso es fundamental ya que, de esta manera, Colombia podrá obtener acceso a recursos de línea de crédito flexible (LCF) que se encuentran actualmente bloqueados desde el sábado. La ley estipula que esta publicación debe ocurrir antes del 14 de junio, después de lo cual se llevará a cabo la consulta final relacionada con el artículo IV. Una vez que se entreguen las conclusiones de este asesoramiento, Comenzará la mitad del período del acceso a la línea de crédito flexible.

Es importante resaltar que mientras se espera esta publicación, el acceso a las líneas de crédito flexibles seguirá restringido, al menos hasta el 14 de junio. Este retraso ha afectado el cumplimiento de las consultas del artículo IV y ha extendido el tiempo necesario para la revisión media de la línea de crédito flexible.

Pese a estos contratiempos, Colombia aún tendrá la posibilidad de acceder a recursos de las líneas de crédito flexibles, que están destinadas a situaciones de emergencia, lo que significa que la intervención del FMI no se canceló de manera definitiva.

Este año, la consulta del artículo IV—un diagnóstico exhaustivo sobre la economía del país que se realiza anualmente—ha requerido más tiempo de lo habitual. Tradicionalmente, los resultados se publican en febrero, pero en esta ocasión solo se dieron a conocer conclusiones preliminares hace aproximadamente 10 días, y aún está pendiente el asesoramiento completo.

Sin esta consulta inicial, no se puede poner en marcha una revisión sobre la línea de crédito flexible, donde se evalúa si el país sigue siendo elegible para acceder a este tipo de financiación, considerado como uno de los mejores recursos ofrecidos por entidades multilaterales.

Razones para el retraso

El retraso en completar la consulta del artículo IV está vinculado a la transición entre ministros de finanzas. Hubo cambios significativos, y se escucharon los ajustes seguidos por el Ministro de Finanzas.

El inicio del año fue inusual, ya que tuvo lugar una transición entre Ricard Bonilla y Diego Guevara, y unas semanas después, entre Diego Guevara y Germán Ávila. Durante febrero, cuando sería programada la visita del equipo del FMI para la consulta del artículo IV, el ex ministro Diego Guevara apenas había asumido el cargo, lo que generó una dinámica complicada.

Razón de la línea de crédito

La línea de crédito flexible fue creada por el FMI tras la crisis financiera mundial de 2008. A lo largo de los años, Colombia ha demostrado un manejo responsable y sólido de sus finanzas públicas. El país accedió a la línea de crédito flexible por primera vez en 2009 y desde entonces ha renovado esta línea en 10 ocasiones, aunque solo utilizó estos recursos tras la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

La última renovación de esta línea tuvo lugar el 26 de abril de 2024, extendiéndose por dos años, hasta el 26 de abril de 2026. Sin embargo, esta renovación está sujeta a revisión a mitad del período, la cual debió iniciar en estos días.

La revisión no ha podido comenzar debido a que es necesario concluir la consulta del artículo IV. En consecuencia, aunque la línea de crédito flexible sigue vigente, los recursos disponibles permanecen inaccesibles en este momento.

Adicionalmente, se requiere un enfoque estratégico en las finanzas públicas para maximizar el uso de la línea de crédito flexible, que incluya una importante cancelación de los roles de los retrasos presupuestarios acumulados.

Perspectivas que incluirán en el marco fiscal a mediano plazo

A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos, el objetivo de alcanzar un déficit fiscal del 5,1 por ciento del PIB puede ser factible este año, si se establece un marco fiscal sólido que facilite cumplir con dicha meta.

La semana pasada, durante las reuniones en Washington, el gobierno mantuvo encuentros constructivos con tres importantes agencias de calificación de riesgo: Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, donde se entendió la necesidad de crear un plan de ajuste. Esta colaboración resulta esencial en el marco de las relaciones con el FMI, el Banco Mundial y los inversores, quienes requieren claridad sobre las estrategias de ajuste fiscal.

Implementar este plan de ajuste no será tarea sencilla, dado que el 91 por ciento de los gastos previstos en el presupuesto son inflexibles debido a restricciones constitucionales o contractuales.

Por otro lado, solo el 9 por ciento del presupuesto permite ajustes, lo que implica costos de hasta 45 mil millones de pesos. Con esa flexibilidad algunos creen que se podrían ajustar entre 13 y 14 mil millones de pesos.

Para tomar decisiones adecuadas y realizarlas efectivamente, hay un plazo de 6 meses desde noviembre, momento en el cual la ley de garantía se volverá un enfoque electoral para el próximo año fiscal.

En el presente, las disposiciones del plan de efectivo anual (PAC) ya están siendo limitadas, debido a las necesidades de restricciones en el flujo de ingresos.

Una alternativa que se está considerando para abordar este ajuste es evaluar la situación.

El año pasado, por ejemplo, se previó un déficit de aproximadamente 50 mil millones de pesos. Asimismo, la posibilidad de continuar con la recaudación financiera sugiere que aquellos montos que sean apropiados pueden ser cancelados, siempre y cuando no existan regulaciones que lo prohíban.

Este mensaje es fundamental para los mercados y observadores internacionales. Desde la anterior gestión en el Ministerio de Finanzas, se ha discutido cómo avanzar en este aspecto para el periodo 2022-2023.

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