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La ley de restitución de tierras estableció medidas afirmativas muy importantes en materia de género. Por ejemplo, en la titulación conjunta, en la priorización que debe tener la
La ley de restitución de tierras estableció medidas afirmativas muy importantes en materia de género. Por ejemplo, en la titulación conjunta, en la priorización que debe tener la atención a las mujeres y por ejemplo, en materia de la entrega de los productos también el acompañamiento que debe haber de manera permanente, no sólo al momento de la entrega específicamente sino también de la garantía que hay con posterioridad a ella.
Con estas palabras, la directora Jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Villa, abrió el panel ‘El enfoque de género en el proceso de restitución de tierras’, dentro del congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, impulsado por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, en el primero de los dos días del encuentro. La primera jornada se llevó a cabo este 5 de agosto, en el hotel Intercontinental de Cali.
«Desde el Observatorio Jurisprudencial que tenemos en la Unidad de Restitución de Tierras, un espacio en el que hacemos análisis justamente de las sentencias de restitución de los despachos judiciales que tiene como propósito aportar a la verdad a la memoria pero también puede reflexionar de cuáles han sido esos avances y que todavía nos falta, hemos podido evidenciar que en el 92 % de los casos donde las mujeres han sido solicitantes de restitución de manera como titulares o en caso también de las parejas, en el 92 % de los casos han recibido orden de restitución de tierras», dijo Villa.
Congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, en Cali, Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
«Esto nos permite evidenciar que hay un avance importante en materia del reconocimiento del derecho a la restitución. Sin embargo tenemos aún retos que queremos poder dialogar, retos por ejemplo que pasan por un lenguaje inclusivo, que pasan por poder hacer análisis específicos en las sentencias, por supuesto en las demandas y en los actos administrativos, pues que justamente nos permitan recoger cuáles han sido esas victimizaciones también pero también esas luchas específicas de las mujeres en el marco del proceso de restitución», añadió.
«También tenemos retos importantes y ya lo hemos discutido en los anteriores espacios en el año pasado y el antepasado en el que hemos tenido la posibilidad también de dialogar alrededor de la restitución de manera directa, el reconocimiento a la tierra de manera directa por parte de las mujeres. Entonces creo que tenemos también unos retos importantes para poder dialogar y en esa medida, para nosotros es muy importante poder contar con la Comisión Nacional de Género», señaló la directora Jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras.
En el congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, en Cali, Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
«A mí me encanta estar en las regiones porque es en las regiones donde uno realmente vive y siente el país real. Me encanta además poderme dirigir a ustedes a un tema que hace rato dejó de ser un tema de mujeres y es la perspectiva de género en todos los ámbitos del país y esta no podía ser la excepción», manifestó la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y presidenta Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, Magda Victoria Acosta.
«Realmente abordar esta temática implica además reconocer que las mujeres especialmente sufren de lo que hemos denominado la interseccionalidad, es decir, además de ser mujeres están en la ruralidad, son campesinas, algunas indígenas, afrodescendientes, y en general con un común denominador y es que son víctimas del conflicto armado, y que han estado en el centro o han sufrido realmente el impacto más severo del despojo, del desplazamiento, de la violencia, pero también se les reconoce aquí que han sido líderes silenciosas, resistentes a las formas de violencia, y son las que tejen la reconstrucción comunitaria y han defendido con ahínco el territorio», explicó la magistrada.
«Por eso, por esa participación activa que tienen las mujeres y que significan las mujeres es que el reconocimiento de sus derechos le da un matiz de legitimidad a estos procesos de justicia transicional y por eso la importancia que hoy reconozcamos, como lo ha hecho ONU Mujeres, donde señala que la participación de las mujeres en la justicia transicional no solo responde a principios de igualdad y no discriminación, sino que también contribuye a la construcción de programas sensibles al impacto diferenciado del conflicto en los cuerpos y las vidas de las mujeres. Realmente, lo primero que tenemos que decir es que el acceso a la administración de justicia no se da en condiciones de igualdad y no se da en condiciones de igualdad específicamente para las mujeres, porque venimos con desigualdades estructurales en nuestras charlas de género», puntualizó.
«Yo les puedo traer ejemplos desde el derecho romano de cómo el derecho mismo, el machista, de cómo siempre se requiere para la validación de una mujer, y es algo psicológico de que esté acompañada de alguien más. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo aspiraba a ser magistrada y me hacían la entrevista, siempre me preguntaban qué hacía mi esposo o de quién era hija, como si necesitara el reconocimiento o como si, digamos, la presentación por sí misma de una mujer no fuera suficiente», dijo la magistrada Acosta.
«Esto porque existen desigualdades estructurales que han estado antes del conflicto, durante el conflicto y seguirán después del conflicto. Entonces, lo que tenemos que buscar y reflexionar es, tenemos una gran ley, la 1448, que es un proceso como en ella misma de justicia transicional y que busca, de alguna manera, darle la oportunidad a las mujeres de un reconocimiento frontal como sujetos de especial protección y le da un enfoque de género, tiene un capítulo específico para dar este enfoque de género e interseccional», aseveró.
Luego recalcó: «Pero, realmente en la restitución de tierras no pasa nada diferente a lo que pasa en el resto de nuestra justicia y es que efectivamente no hay un goce efectivo de estos derechos, porque si nosotros miramos el capítulo especial de normas que están dirigidas efectivamente a las mujeres, pues encontramos acciones positivas que llamamos nosotros de atención preferencial, de ventanillas especializadas, con personal capacitado en género, con estrategias, se les da prioridad a las solicitudes, se señala que debe haber una entrega segura en los predios con unas medidas concertadas y un consentimiento mutuo, que va a haber siempre un acceso preferente a los beneficios consagrados en la ley 731 y que debe haber una prioridad en la titulación conjunta de la propiedad en los procesos de restitución, incluso si el esposo no comparece dentro del proceso».
«Esas disposiciones que primero nos visibilizan unas formas específicas de victimización que han enfrentado las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes y que es una apuesta normativa que busca la transformación, pues realmente cuando nosotros miremos, hablando de las cifras, un estudio que nosotros hicimos de lo que es los procesos con oposición, es decir, los que van a los tribunales desde la Comisión Nacional de Género, de un total de 3.056 sentencias proferidas por los tribunales de restitución de tierras, únicamente 188 identifican expresamente a mujeres como víctimas del conflicto armado», afirmó.
«Esto quiere decir que solamente se representa en menos del 6,2 % del total de las decisiones, lo cual es particularmente preocupante si se tiene en cuenta que las mujeres, especialmente estos grupos interseccionales, o sea, campesinas, indígenas, afrodescendientes, han sufrido estos despojos sistemáticos y múltiples formas de violencia dentro del desarrollo de nuestro conflicto armado. Pero para ir más allá de estas 188 sentencias, que incluye un análisis jurídico que incorpora el enfoque diferencial de forma sustantiva, solamente unas pocas llevan realmente a concluir esas 108, van a hacerlo con medidas específicas buscando una reparación efectiva.
La magistrada Acosta dijo: «Esta brecha que vemos muestra que hay una desconexión entre el marco jurídico, la política pública, que es garantista, pero no se está viendo reflejado en la operatividad judicial. Y esto qué nos muestra, pues, así está funcionando realmente en las otras jurisdicciones. Hay unas formas de exclusión histórica y esto es un obstáculo más del acceso de las mujeres a la administración de justicia».
Comunidades y funcionarios, en el Congreso Nacional de Restitución de Tierras en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
«Yo quisiera mencionar algunas, son muchísimas decisiones judiciales que han consolidado principios fundamentales, voy a mencionar algunas porque bueno, por razones de tiempo, pero nos podemos remitir a nuestro observatorio de jurisprudencia a los boletines que se expiden, que también voy a mencionar algunas importantes de un boletín que se expidió por allá en el año 2019, pero quiero mencionar algunos principios fundamentales que nuestros jueces de restitución de tierra han consolidado precisamente para preservar, aplicar ese enfoque de género en el proceso especializado de restitución de tierras», dijo a su turno Claudia Regina Expósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
«Hablamos en primer lugar de la flexibilización probatoria para el reconocimiento del vínculo marital de mujeres reclamantes de tierras y aquí se privilegiaron los indicios sobre las pruebas directas pues porque las pruebas directas eran insuficientes. (4:21) Esta es la sentencia del 10 de marzo de 2014, proferida por el juzgado segundo especializado en restitución de tierras de Santa María», manifestó.
Mencionó un informe estadístico con corte a marzo de 2025. «De un total, nuestro sistema de información estadístico de la rama judicial, de 144.894 solicitantes de tierras, 72.020 han sido mujeres y 72.437 son hombres reclamantes de tierra. Esto en porcentajes equivalen a hombres un 50,3 % y mujeres, 49,7 %. Entonces, ¿qué nos demuestran estas cifras, los datos? Digo que superan la realidad o impactan este proceso».
Hizo, además, énfasis en «que con estas cifras, cada vez se está logrando esa paridad de género tan deseada. De la información obtenida pues por el observatorio jurisprudencial de la unidad de restitución de tierras y esto es con corte ya no a marzo sino a abril de 2025, las sentencias de restitución de ruta individual han beneficiado a 47.990 personas, donde pues en general se les ha ordenado la restitución de los predios que han sido despojados o abandonados forzosamente. En particular, ¿qué destacamos con gran satisfacción? Que de este universo que acabo de mencionar, 24.116 beneficiarias son mujeres y esto representa un 50,3% del total, superando ligeramente a los 23.857 hombres beneficiados. Y aquí que evidenciamos que cada vez más el rol protagónico de la mujer en estos procesos de restitución de tierras».
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y una de las expresiones de esta desigualdad se evidencia en la concentración extrema de la propiedad y el uso de la tierra.
Así lo señala uno de los informes de la Unidad de Restitución de Tierras, considerando que la desigualdad se puede asociar a varios fenómenos, entre estos, a la falta de políticas públicas redistributivas que promuevan la democratización de los medios de producción, y a las consecuencias sobre la población de la aplicación de políticas de corte neoliberal y de ajuste estructural que han propiciado la disminución de la inversión social y han puesto la posibilidad de producción de riqueza nacional en algunos sectores económicos en detrimento de otros.
Despojo de tierras en Córdoba. Foto:Cortesía Juan A. Negrete
En el país, dentro de la gestión administrativa de restitución de tierras, según el Gobierno Nacional, se habla de 6,5 millones de hectáreas ingresadas al registro de tierras despojadas. A su vez, 6,6 millones es el número de hectáreas despojadas presentadas en demandas de restitución de tierras y 275.233 son las hectáreas identificadas en sentencia con orden de restitución, dentro de la gestión en etapa judicial. Estas cifras del Gobierno tienen corte hasta el pasado 15 de julio.
Según cifras oficiales del SRTDAF con corte al 31 de agosto del 2023, se habían tramitado ante la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 147.737 solicitudes de inscripción al RTDAF como persona natural, entre los cuales, se han identificado 1.091 solicitudes de jóvenes representado en 527 hombres, 563 mujeres y una solicitud en la que no se reporta género.
De las 1.091 solicitudes, la UAEGRTD ha inscrito 280 en el RTDAF de las cuales 261 han sido presentadas ante jueces y magistrados especializados en restitución. Adicional, dentro de los núcleos familiares de los solicitantes de restitución, han sido identificados 71.835 jóvenes de acuerdo con la edad registrada.
Campesinado y tierras. Foto:Agencia de Tierras.
«No obstante, dicho campo puede variar, debido al curso de vida de las personas, por tanto, en este ejercicio se procedió a calcular la edad actual de acuerdo con la fecha de nacimiento y se pudo corroborar que 18.233 personas se encuentran aún en la escala de 14 a 28 años, de los cuales 9.302 son hombres (51%) y 8.931 mujeres (49%). Esto demuestra el potencial de trabajo para lograr la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras y el mejoramiento de las condiciones rurales de las zonas afectadas por el conflicto y, en particular, por los hechos de despojo y abandono forzado», dice el informe de la Unidad sobre los jóvenes.
Ahora bien, en cuanto a los beneficiarios de sentencia, de acuerdo con la información del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios con corte 31 de agosto de 2023, se pueden identificar a 2.002 jóvenes como beneficiarios de sentencia y a 25 jóvenes como titulares de sentencia. No obstante, la información suele variar debido a la especificación de las resoluciones proferidas por los despachos judiciales.
Mujeres reciben tierras en el Caribe Foto:ANT
Los departamentos con mayor cantidad de jóvenes identificados como beneficiarios de sentencia son en su orden, Putumayo (441), Antioquia (276) y Nariño (300).
A su vez, se puede identificar que uno de los territorios a priorizar, dentro de la estrategia de restitución, es el departamento del Tolima y la región del Nariño, dado que además de concentrar un número importante de población joven en los núcleos familiares, es uno de los lugares donde el número de personas mayores es significativo.
De acuerdo con cifras actualizadas a cierre de agosto de 2023, del total de las 147.737 solicitudes de restitución de tierras recibidas por la UAEGRTD, 83.580 corresponden a personas mayores a partir de los 60 años, lo que representa un 56,57% del total de las solicitudes. Las oficinas territoriales que concentran el mayor número de solicitudes de persona mayor son Antioquia (7.712), Bolívar (7.148), Meta (6.398), Apartadó (5.744) y Valle del Cauca (5.481).
Para un total de 32.483, lo que representa un 38,86% del total de los casos en trámite en 5 territoriales. Es así, que la implementación de una estrategia de relevo/complemento generacional cobra relevancia, en cuanto que fomenta e impacta positivamente la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras, propendiendo por el reconocimiento integral de los derechos de los solicitantes y el desarrollo el adecuado desarrollo rural.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, informó que en este 2025: “Las mujeres son prioridad en la política pública de restitución. Destacamos que 5.204 mujeres han presentado solicitudes en los departamentos del Meta y Guaviare, lo que representa el 42 % del total de las reclamaciones”.
Entre tanto, 7.076 solicitudes de restitución (58%) han sido presentadas por hombres en la región.
La Mesa de Género, que se desarrolló en las instalaciones de la Unidad en Villavicencio, permitió brindar de manera didáctica información clara sobre el proceso de restitución y los derechos de las mujeres frente al acceso a la tierra, así como socializar la Circular 008 y el Programa de Acceso Especial para Mujeres (PAEM), que orientan el trabajo institucional con enfoque diferencial.
Barreto explicó que se propició un espacio de reflexión colectiva, donde las asistentes compartieron sus percepciones sobre las barreras que enfrentan para acceder a la tierra y ser reconocidas como sujeto de derechos.
“La Mesa de Género reafirma el compromiso de la URT con la reparación integral y con una restitución que reconozca los impactos específicos del conflicto armado sobre las mujeres, sus cuerpos, sus territorios y sus proyectos de vida”, concluyó el director territorial.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
Los restos del cuarto minero de los cinco atrapados. Foto:
