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Una joven es atada de ambas muñecas al techo de una choza para luego ser golpeada por dos hombres que, con todas sus fuerzas y utilizando palos de
Una joven es atada de ambas muñecas al techo de una choza para luego ser golpeada por dos hombres que, con todas sus fuerzas y utilizando palos de caña, la azotan durante por lo menos un minuto. Ella llora, pero la agresión no se detiene. La imagen describe un video que circuló en redes a principios de junio. La víctima es una indígena emberá de 17 años que hace parte de la comunidad emberá-katío del territorio Gito Dobakú, en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.
Según relata Mónica Gómez Marín, defensora de Derechos Humanos y que tuvo acceso al caso, la joven del video no es la única víctima de las fuertes golpizas, que fueron producto de un castigo por relacionarse con hombres. “Según me relataron los líderes de la comunidad, en las habitaciones de las niñas, los niños interrumpieron para jugar con ellas, molestarlas, asustarlas o para lo que haya sido. Eso es un comportamiento muy cuestionado entre los emberás. O sea, una niña no puede andar sola con un hombre, por ejemplo. Entonces, convirtieron ese tema en un hecho gravísimo y aseguraron que las niñas habían propiciado eso cuando fueron los niños los que entraron al cuarto. ¿Y a quién castigaron los padres? A las niñas”.
El caso de las menores agredidas reavivó debate sobre la violencia que enfrentan las mujeres emberá. Foto:Alexis Múnera
Las autoridades de la Institución Educativa Indígena Técnica Agropecuaria Dachi Dada Kera, donde estudia la joven agredida del video, confirmaron que la menor fue agredida en cadera, glúteos, piernas y pies, y mediaron para trasladarla a un centro médico.
Ángela María Mayoa Mayoa, rectora de la institución, denuncia que en los pueblos emberás opera una cultura machista que da pie a que los varones de la comunidad crean tener el derecho de agredir a las mujeres que no se comportan como se espera de ellas. Por ejemplo, castigan a aquellas mujeres que sostienen relaciones con hombres no autorizadas, incluso si hablan con ellos.
“A las mujeres por decir un chisme las meten al cepo (artefacto utilizado para inmovilizar las extremidades de una persona). Con los hombres no pasa lo mismo. Hay un desbalance en la aplicación de la justicia. Casos como el de la joven del video no salen a la luz pública, porque no lo permiten”, cuestionó la rectora.
Las agresiones físicas por compartir espacios con hombres se suman otras formas de violencia. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
El caso de las menores agredidas reavivó el debate sobre la violencia que enfrentan de manera constante y desde hace décadas las mujeres emberás del país. Sin embargo, estas situaciones, por lo general, se mantienen al amparo de la autonomía judicial y las costumbres del pueblo emberá.
Además de las agresiones físicas por compartir espacios con hombres, se suman otras formas de violencia de género como la imposición de la mendicidad en las calles de ciudades como Pereira, Bogotá y Medellín, los matrimonios forzados, o la mutilación genital, una práctica que defienden que es cultural y que organizaciones feministas señalan de tortura.
La nación emberá se divide en dos grandes grupos, Dobida y Eyabida, que se concentran principalmente en Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño, teniendo presencia en los últimos años en Bogotá a causa del desplazamiento.
Un estudio de caracterización sociopolítica de las mujeres indígenas emberá-chamí (pertenecientes al grupo Eyabida) de Caldas, realizado por el Observatorio de Mujeres de Colombia en colaboración con las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas (Acical) en 2021, menciona que una tercera parte de las mujeres encuestadas reconoció haber sido víctima de violencias.
Estudio señala que hay mujeres emberás que han naturalizado el maltrato. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO
“El 30,5 por ciento reconoce haber sufrido hechos de maltrato físico, sexual, verbal y psicológico. (…) En el proceso de recolección de la información se identificó que, al abordar este tema, muchas mujeres dudaban de sus respuestas, se apresuraban a negar que les hubiera pasado o, simplemente, tienen tan naturalizadas las violencias que sufren que no logran identificarlas como hechos de violación de sus derechos”, se lee en el documento.
Así mismo, en el estudio se menciona que puede haber un subregistro. “Quienes conocen la situación saben que muchas mujeres se niegan a reconocer estas violencias, bien sea porque no tienen las herramientas para identificarlas, no se sienten seguras o protegidas para hablar de ello, o les avergüenza hacerlo. Es muy posible que este 30 por ciento no sea más que la punta visible de una realidad que se conoce, pero que no se habla, no se atiende y se tolera”, dice el informe, en el que participaron 233 mujeres indígenas de 13 cabildos indígenas del departamento de Caldas. La media de la edad de las mujeres indígenas fue de 34 años.
Otra forma de violencia registrada contra niñas emberás es el mandato del matrimonio a los 12 y 13 años. En estas comunidades, es común encontrar a jóvenes que fueron obligadas a casarse siendo niñas y que, a la edad de 20 años, ya deben cuidar de cuatro o cinco hijos.
Alejandrina Guasorna es una mujer emberá del resguardo Cundumí, o Resguardo Emberá Chamí Unificado del Río San Juan. A sus 74 años, recuerda la primera vez que escuchó a otras mujeres indígenas hablar sobre el brutal procedimiento que realizaban en su comunidad para retirar el clítoris del órgano femenino. “Yo ya estaba casada cuando le pregunté a una tía si a mis hermanas y a mí nos habían hecho eso y me dijo que sí”, relató la mujer.
Guasorna reconoce que esta práctica es un secreto a voces entre las comunidades emberá. No todas la practican, pues solo se han identificado casos en las chamí y katío (del grupo Eyabida). Tampoco se habla del tema y se estima que casi todas las mujeres adultas de esas dos comunidades han sido víctimas de esa práctica. “Yo fui partera y nunca hice eso. Me enteré del caso de una niña que murió desangrada. No la alcanzaron a llevar al hospital. Yo les dije a otras mujeres que estaban ahí, por asustarlas, que no hicieran eso, que las metían a la cárcel, que Dios nos mandó así y que tenemos que aceptar y cuidar a las niñas”, dice Guasorna.
Minsalud calcula que la ablación se realiza en niñas entre el primer mes de nacidas y los 5 años. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO
Según cifras del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que suele atender a los indígenas que llegan desde diferentes partes del Eje Cafetero e, incluso, el Pacífico colombiano, más de 35 bebés han ingresado en los últimos dos años, remitidas por complicaciones derivadas de este procedimiento. Realizado generalmente por parteras o adultas mayores de la comunidad, consiste en la resección de los genitales externos de niñas, adolescentes o mujeres adultas. La creencia es que con este procedimiento las mujeres serán fieles en el matrimonio o “buenas mujeres”. El Ministerio de Salud calcula que esta práctica se realiza en niñas entre el primer mes de nacidas y hasta los 5 años.
Juliana Domico, consejera de la Confederación de la Gran Nación Embera (Connpec), ha venido haciendo pedagogía para exigir acciones de las instituciones frente a los tipos de violencia que viven las mujeres indígenas en el territorio. “No debemos normalizar las violencias. (La ablación) no es cultura. La cultura no mata ni daña a nadie. No podemos permitir que sigan matando a nuestras niñas. Al callarnos somos victimarios”, dice.
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Convenciones como la Belém do Pará, de la Organización de Estados Americanos, o la Cedaw, de Naciones Unidas, que fueron diseñadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, han catalogado esta práctica como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas y una forma de violencia y discriminación basada en género.
Además, en la quinta meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se enumera el propósito de eliminar todas las prácticas nocivas contra ellas, incluyendo la mutilación genital femenina, conocida como ablación.
Mónica Gómez, quien a principios de los años 2000 fue una de las primeras mujeres en alzar la voz en contra de esta práctica, dice que en 2003 estaba establecido este procedimiento solo en las comunidades de Risaralda. Pero, con el desplazamiento forzado, se ha extendido a otras partes del país: “Solo se encontraban casos en Risaralda, en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, que son fronteras con el Chocó. Ahora también hay algunas comunidades del Chocó donde se han evidenciado casos. En el Valle del Cauca también, en El Dovio, en el cañón del Garrapatas. Incluso, en Bogotá, porque estas personas se van para otros territorios y llevan sus costumbres. Una de estas es esa supuesta preparación a las mujeres para ser buenas mujeres”.
Incluso, el uso del cepo se ha visto en las comunidades que han llegado a Bogotá en los últimos años. Pese a que en la capital existe toda una oferta institucional para las mujeres víctimas de violencias, los líderes de las comunidades impiden el acceso de las entidades para asistirlas.
A principios de junio, en la plenaria de Cámara se aprobó por unanimidad en segundo debate el proyecto de Ley 018 de 2024, de autoría de las representantes Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Carolina Giraldo, que tiene como objetivo prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina.
Giraldo, que precisamente es de la jusridicción de Risaralda, donde más casos se registran, asegura que uno de los puntos fundamentales de esta medida es la conciliación.
“Este proyecto lo hicimos con un enfoque preventivo, pedagógico e intercultural. Aquí no se trata de tipificar un delito sobre esta práctica, sino más bien de cómo prevenirla y de cómo lograr un cambio cultural. Así se concibió este proyecto, así deberá aprobarse, y esa esencia debe mantenerse”, dijo. Ahora el proyecto hará tránsito al Senado, donde le restan dos debates.
Los casos de violencia contra las menores van abiertamente en contra de los derechos humanos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO
La defensora Gómez es enfática en decir que hace falta voluntad política por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales para erradicar estas práctica violentas en contra de las mujeres en las comunidades emberas del país. Desde la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara de Representantes se prepara un debate de control político para que la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el ICBF expliquen qué acciones y medidas han adelantado para proteger a las mujeres y menores de edad de las violencias de género ejercidas dentro de la comunidad emberá.
Sobre el reciente hecho que se viralizó en redes, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CNIC) rechazó los hechos de violencia contra la menor de edad y reiteró su postura de que “ninguna práctica cultural está justificada en actos de violencia, especialmente contra mujeres, quienes históricamente han sido invisibilizadas, silenciadas y vulneradas”.
Y recordó que “la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que la autonomía indígena y el reconocimiento de la diversidad étnica no son incompatibles con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Por lo tanto, ninguna tradición o práctica cultural puede estar por encima de los derechos fundamentales”.
Los casos de violencia mencionados, desde las agresiones físicas como las golpizas, el matrimonio forzado, la mendicidad y la ablación, van abiertamente en contra de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, consignados en la Constitución y en convenciones como la Belém do Pará y la Cedaw, que han sido ratificadas por el país.
¿Qué es No es hora de callar? | EL TIEMPO Foto:
