2025 marcó un aumento alarmante de la violencia contra las personas Lgbtiq+ en Antioquia
– Tinta clara
enero 8, 2026
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El pasado 2 de enero, dos mujeres trans dormían en una celda de la subcomisaría de Policía de Altavista, cuando una de ellas despertó al sentir que le
El pasado 2 de enero, dos mujeres trans dormían en una celda de la subcomisaría de Policía de Altavista, cuando una de ellas despertó al sentir que le quemaban los pies y al hacerlo vio fuego en el tapete.
Ambas mujeres rogaron que las dejaran salir, sin embargo, otros dos hombres que se encontraban allí retenidos amenazaron con matarlas por ser miembros de la comunidad LGBTIQ+.
No sólo eso, según la Fiscalía, “Les arrojaron aceite caliente y les prendieron fuego, causándoles heridas en varias partes del cuerpo”.
Los hechos ocurrieron en la subestación de Policía de Altavista. Foto:Archivo privado.
Ambos hombres fueron procesados por el delito de tentativa de feminicidio agravado.
Este es solo uno de los casos en los que organizaciones sociales afirman que Antioquia se ha consolidado como uno de los epicentros más persistentes y preocupantes de violencia homicida contra personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género en Colombia.
Durante los últimos cinco años, esta región ha concentrado una proporción significativa de asesinatos motivados por prejuicios, evidenciando patrones sistemáticos que afectan desproporcionadamente a hombres homosexuales y mujeres trans.
Según datos registrados por el Observatorio de Derechos Humanos Caribe Afirmativo, entre los años En 2020 y 2024, el departamento concentró 159 casos, que representan aproximadamente el 17% de los asesinatos. registrados en todo el país durante ese período (902 casos).
1 de cada 6 homicidios cometidos contra personas LGBTIQ+ en Colombia tuvo lugar en Antioquia. Foto:Caribe afirmativo.
«En otras palabras, 1 de cada 6 homicidios cometidos contra personas LGBTIQ+ en Colombia tuvo lugar en Antioquialo que muestra no sólo la gravedad del fenómeno en esta región, sino también la urgente necesidad de intervenciones estructurales y políticas públicas diferenciales que aborden las causas profundas de esta violencia”, señala el informe Caribe Alternativo.
Sin embargo, el panorama para el año 2025 encendió todas las alarmas entre los organismos de derechos humanos, pues se ha documentado un preocupante aumento de casos de violencia extrema. Ese año se registraron 26 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Antioquia, cifra que ya supera el total de casos documentados en 2024, cuando se reportaron 24 muertes violentas.
Este repunte rompe la tendencia a la baja que se observaba desde 2020, cuando el departamento alcanzó un pico de 47 casos.
Marzoa lgbtiq+ Foto:AFP
La distribución de las víctimas en 2025 muestra una cruda realidad: 12 hombres gay, 7 mujeres trans, una mujer lesbiana, un hombre trans y cuatro personas cuya orientación sexual aún no ha sido determinada Perdieron la vida en hechos violentos.
La violencia en Antioquia no se distribuye uniformemente, sino que responde a dinámicas territoriales específicas. Medellín, por su densidad poblacional y posición estratégica, sigue siendo el principal foco de estos ataques, pero municipios como San Roque, Bello, Hispania, Segovia, Caucasia, Andes, Dabeiba y Chigorodó también han sido escenario de crímenes atroces este año.
las victimas
El primer caso de 2025 fue el de Margarita Enith Gonzales Gil, maestra de 38 años y reconocida líder comunitaria en San Roque, cuyo cuerpo fue encontrado el 5 de enero con signos de asfixia mecánica.
Mateo Jaramillo fue asesinado en su departamento de Medellín. Foto:Google mapas y redes sociales
Semanas después, El pasado 18 de enero la capital de Antioquia vivió una jornada trágica con el asesinato de tres hombres homosexuales en hechos aislados: el maestro Mateo Jaramillo en el barrio Laureles, Jonatan Rodríguez en Bello y Juan Carlos en el centro de Medellín.
Los patrones delictivos identificados en el departamento revelan una brutalidad particular según la identidad de la víctima. En el caso de los hombres homosexuales y bisexuales, una modus operandi recurrente donde los homicidios ocurren en espacios privados como casas o habitaciones de hotel. Muchas de estas víctimas son amordazadas y sometidas a restricciones de movimiento tras haber establecido contacto con sus agresores a través de redes sociales o aplicaciones de citas, lo que sugiere premeditación en la selección de las víctimas.
Casos recientes como el de Leonardo Duque el 10 de noviembre y Marco Guillermo el 30 de noviembre en Medellín refuerzan esta preocupante tendencia de vulnerabilidad en espacios de supuesta intimidad.
La familia de Sara Millerey reveló quiénes fueron las personas que la rescataron Foto:X: @psbrookes1 / @BastillaJenner
Por otro lado, la violencia contra las personas trans en Antioquia durante 2025 alcanzó niveles de brutalidad extrema. Carolina Muñoz, una mujer trans recolectora de café, fue encontrada muerta en Hispania el 23 de enero con las manos y los pies atados. En marzo, la comunidad caucasia lamentó el asesinato del jeque Quintana, atacado dentro de su propia casamientras que en los Andes se reportó el hallazgo de una mujer trans decapitada en un cafetal.
Quizás uno de los casos más llamativos fue el de Sara Millerey en Bello, quien tras ser brutalmente golpeada fue arrojada a un barranco; Su agonía quedó grabada y viralizada en las redes sociales, lo que subraya el carácter simbólico y de odio de estos crímenes. A esta lista de vidas truncadas por los prejuicios se suman otros nombres como Tailyn Valencia, Fernanda Dominico en Dabeiba y Ángelo Posso en Medellín.
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Esta crisis humanitaria en Antioquia no es un fenómeno aislado, sino que está alimentada por factores estructurales como la presencia de actores armados ilegales que ejercen control social y territorial, imponiendo normas de comportamiento basadas en imaginarios excluyentes.
A esto se suma el persistencia del discurso de odio en entornos digitales y físicos, y una alarmante falta de esclarecimiento judicial que perpetúa la impunidad.
Las organizaciones sociales insisten en la urgencia de implementar políticas públicas efectivas, rutas de protección con enfoque diferencial y una respuesta institucional que no sólo castigue a los culpables, sino que aborde las causas profundas de la discriminación que en 2025 bañó de sangre al departamento.